Así destruyeron más de 5.000 celulares incautados en las cárceles de Mendoza

El Gobierno provincial inició la destrucción de 5.000 teléfonos celulares incautados en las cárceles mendocinas. El operativo se desarrolló en la playa de secuestros del Servicio Penitenciario y contó con la colaboración de la Municipalidad de Godoy Cruz, que aportó una aplanadora para destruir los dispositivos y garantizó el manejo responsable de residuos a través del programa de gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Esta acción se enmarca en la política iniciada por el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario para retirar, desde 2024, los celulares que de manera excepcional habían sido autorizados durante la pandemia de COVID-19 y que permanecieron en los establecimientos penitenciarios por casi tres años. Fue el primer paso de un proceso destinado a reforzar la seguridad intramuros.

El pasado 1 de abril, Alfredo Cornejo y la ministra Mercedes Rus anunciaron un nuevo sistema integral de control penitenciario que incluye cuatro pilares fundamentales: control unificado de accesos, bloqueo selectivo de señales de celulares, nuevo sistema de videovigilancia e incorporación de equipos de radiocomunicación.

El objetivo es prevenir el ingreso de elementos prohibidos y cortar los vínculos ilegales entre internos, personal penitenciario y personas externas.

Como resultado del plan se han secuestrado cerca de 5.000 celulares, de los cuales 300 ya fueron descontaminados mediante un proceso de disposición final coordinado con la Municipalidad de Godoy Cruz.

La ministra destacó que los celulares incautados estaban relacionados con delitos como estafas, tráfico de drogas, introducción de sustancias en los penales y difusión de material de abuso sexual. “Esto hace a la seguridad de los mendocinos porque evita que se cometan delitos, que la droga circule o que se gerencie desde la cárcel hacia afuera. La efectividad de los procesos de auditoría y control ya se refleja en los resultados”, concluyó.

La funcionaria señaló que la política se implementa en etapas. Desde diciembre de 2023 no se aceptan más celulares en las listas blancas habilitadas judicialmente. “Todo celular que se secuestra pasa a destrucción y, además, a cada persona privada de libertad a la que se le encuentra un celular se le aplica una sanción”, precisó. A partir de 2024, cualquier dispositivo que ingresa a los penales es considerado de uso prohibido y está sujeto a confiscación.

Para garantizar la seguridad se estableció el Sistema Único de Ingreso, similar al de un Aeropuerto Internacional El Plumerillo, por el que todas las personas que ingresan a un penal deben pasar por detectores de metales, registro fílmico y palpado físico. “Estamos sumando 300 cámaras en proceso de instalación en los lugares de ingreso y en la zona de visitas, con sensores de movimiento, para reforzar la vigilancia y prevenir el ingreso de celulares y sustancias prohibidas”, señaló la ministra.